Una actualización estructural
El 2 de julio de 2026 la Superintendencia de Sociedades expidió una nueva Circular Básica Jurídica. El documento reorganiza temas de supervisión y contiene un capítulo sobre el sistema de autocontrol y gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST.
Transición para sujetos obligados
El texto indica que quienes venían obligados bajo determinadas circulares anteriores deben ajustar su sistema de cumplimiento al nuevo capítulo a más tardar el 31 de mayo del año siguiente a la expedición de la Circular, mientras los sistemas y programas existentes se consideran válidos durante el período de transición.
Qué deberían revisar las empresas
Conviene comparar ámbito de aplicación, gobierno del sistema, matrices, debida diligencia, oficial de cumplimiento, controles, reportes y evidencia de funcionamiento. No basta con cambiar el número del capítulo en un manual.
Impacto para penal corporativo
Cuando una alerta de LA/FT o corrupción revela hechos concretos, la organización debe poder escalar a una investigación jurídica sin destruir evidencia, duplicar entrevistas o confundir una alerta de cumplimiento con una conclusión penal.
Preguntas frecuentes
¿La Circular 2026 elimina automáticamente los sistemas anteriores?
El texto prevé reglas de transición y señala la validez de sistemas implementados durante el plazo indicado. Debe verificarse el caso del sujeto obligado.
¿Todas las compañías deben ajustar sus programas?
Solo quienes entren en el ámbito de aplicación correspondiente. La obligación debe verificarse con la norma vigente.
¿Por qué esto es relevante para penal corporativo?
Porque los sistemas de riesgo producen alertas, documentación y decisiones que pueden volverse relevantes cuando existen investigaciones o hechos sensibles.
- Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026
- Ley 2195 de 2022 – medidas de transparencia y lucha contra la corrupción
- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción
- Código Penal – Ley 599 de 2000
- Superintendencia de Sociedades – Circular Básica Jurídica
La normativa puede cambiar. La aplicación a un caso concreto requiere revisión de vigencia, hechos y autoridad competente.